miércoles, 28 de enero de 2009

Economía/Finanzas.- Los nuevos estatutos de Caja Madrid deberán ser revisados por Beteta, quien tendrá la última palabra

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos estatutos de Caja Madrid que serán aprobados por el consejo de administración de la entidad, reunido mañana y pasado en Toledo, deberán ser revisados y aprobados por el consejero de Economía de la Comunidad, Antonio Beteta, quien, además, tendrá la última palabra sobre cualquier modificación que quiera aplicar conforme a la ley actual.

Según informaron fuentes cercanas a la Comunidad de Madrid, a Europa Press, la intención del consejo de adaptar sus estatutos a la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, prescindiendo de los elementos relativos al proceso electoral, no tendría validez, puesto que sólo la comisión de control tiene potestad para decidir lo relativo a las elecciones que en septiembre u octubre determinarán quién será el próximo presidente de la entidad.

Además, los estatutos que salgan del consejo de administración --donde hasta ahora el presidente Miguel Blesa ha tenido mayoría-- deben ser remitidos a la Consejería de Economía y Hacienda. Posteriormente, el gobierno regional tiene un mes para devolverlos a la entidad, una vez aprobados o modificados en función de lo que el consejero crea conveniente de acuerdo a la Ley de Cajas. En caso necesario, Beteta podrá realizar modificaciones, las cuales no pueden ser rechazadas por el consejo, de acuerdo a la Disposición transitoria quinta de la nueva Ley.

Este punto puede conllevar un nuevo enfrentamiento con la cúpula de la entidad, puesto que desde la caja entienden que, independientemente de los estatutos, el proceso electoral "sigue su curso" con la Ley de 2003. "No tiene que modificarse el proceso electoral porque los estatutos se adecuen a la Ley", ya que el proceso comenzó en 2008 antes del cambio legislativo aprobado por la Asamblea a comienzos de este mes, indican desde la caja.

De acuerdo a la nueva Ley, la adaptación de los Estatutos debe hacerse antes del 31 de enero. Posteriormente tendrán que ser aprobados por la Asamblea de la caja y remitidos al Banco de España.

"PAZ ARMADA"

Mientras esto ocurre, sindicatos y partidos políticos se encuentran inmersos en una verdadera "paz armada", según diferentes fuentes, puesto que ninguno ha dado todavía signos de ceder en su defensa de cada una de las leyes, la de 2003 y la de 2008, en función de que ésta beneficie al sector que respalda el Ayuntamiento o al que apoya a la Comunidad, respectivamente.

Los contactos entre CCOO, UGT y PSOE siguen al más alto nivel para intentar lograr un acuerdo que ofrezca estabilidad en la entidad a corto plazo y un pacto a largo plazo sobre el reparto de los cargos en los futuros órganos de la caja de ahorros. A este grupo, origen del que declaró la 'tregua' en la entidad el pasado día 20 de enero, se ha sumado en las últimas horas, para encontrar vías de diálogo, un representante de Alberto Ruiz Gallardón, defensor de que cualquier acuerdo esté manos de los miembros de la caja, no del PP de Madrid, controlado por Esperanza Aguirre.

La evidencia de que las negociaciones se están produciendo al margen de los 'aguirristas' no gusta en el entorno de la presidenta y su consejero de Economía. En este sentido, fuentes cercanas a la jefa del Ejecutivo destacan que, teniendo la nueva Ley en vigor, que les favorece, todas las fuerzas políticas y sindicales que quieran lograr un acuerdo deberán ser leales y no montar 'frentes comunes' para intentar forzar un reparto de los órganos.

Especialmente delicada es la posición del PSOE que, tras 12 años ausente de los puestos claves de la entidad, se ha unido al acuerdo con los sindicatos y se ha mostrado favorable a un acuerdo que ponga fin a las batallas internas dentro de la entidad. "El PSOE está en el filo de la navaja, y si juega a todas las bandas, al final, perderá", subrayan fuentes políticas.

El punto clave de la negociación está en el reparto de los 18 miembros de la asamblea que deben ser elegidos por el sector de entidades representativas de la sociedad civil (universidades, cámara de comercio,...) el próximo mes de junio o julio. Estos representantes serán especialmente importantes porque, de acuerdo a la nueva normativa, es un sector que, como el de los empleados, elige directamente a sus representantes en el consejo de administración, de acuerdo a una sola lista, con un voto a favor o abstención.

Este sistema es diferente al que afecta al resto de los sectores --Asamblea de Madrid, Corporaciones locales e impositores--, que se eligen por toda la Asamblea, por lo que da a las entidades representativas un peso mayor que al resto.

A pesar de que CCOO también participó con UGT y PSOE para forzar el bloqueo de la comisión de control y se apartó de las tesis defendidas por los 'gallardonistas', su posición, junto con la de IU, es actualmente la más firme frente al Gobierno regional.

Así, el sindicato mantiene que la única posibilidad de acuerdo pasa por modificar la Ley actual --algo muy difícil puesto que deberían hacerlo las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, con mayoría absoluta 'aguirrista'-- y un acuerdo en la renovación de los órganos de cara al próximo periodo que arrancará en otoño próximo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario